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Análisis legal socioeconómico y política de protección social sobre derechos de la niñez y adolescencia

Revista Nuestro Tiempo, Vol. 19, julio – diciembre 2020, páginas 59-70
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Juan Ramón Ruíz Figueroa
Licenciado en Ciencias Jurídicas. Coordinador de la Carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Luterana Salvadoreña[email protected]
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Resumen

En el presente artículo daremos a conocer de forma comparada las Reformas a los Sistemas de Protección de la Niñez de la Región Centroamericana y República Dominicana y con el objeto de mostrar los avances significati-vos en cuanto a la aprobación de normas jurídicas en materia de derechos y garantías a favor de niñas, niños y adolescentes, con énfasis de establecer un orden social, administrativo y judicial, a nivel central, regional, para comprobar si las instituciones enmarcan sus prácticas sobre la base de un enfoque de derechos.
Para el caso del sistema legal salvadoreño de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, se en-cuentra en una etapa inicial de implementación, es decir poco desarrollada, por lo que el presente documento tendrá una función importante al señalar lo que podemos denominar carencias, sobre todo en cuanto a la ejecución de todas las medidas que normativamente tienen vigencia.
Palabras clave: Niñez, adolescencia, normas jurídicas, protección

Socioeconomic legal analysis and social protection policy on the rights of children and adolescents

In this article we will present in a comparative way the Reforms to the Child Protection Systems of the Central American Region and the Dominican Republic and in order to show the significant advances in terms of the approval of legal norms on rights and guarantees in favor of girls, boys and adolescents, with emphasis on establishing a social, administrative and judicial order, at the central, regional level, to check whether the insti-tutions frame their practices based on a rights-based approach.
In the case of the Salvadoran legal system for the protection of the rights of children and adolescents, it is in an initial stage of implementation, that is to say, little developed, so this document will have an important func-tion by pointing out what we can call deficiencies, especially in terms of the execution of all the measures that are legally in force.
Keywords: Childhood, adolescence, legal norms, protection

Presentación

Este estudio, será de utilidad para establecer si efectivamente en la actualidad las niñas, niños y adolescentes enfrentan expresiones de desigualdad que generan afectaciones en la comunidad, la familia, centros de estudio entre otros espacios de interacción cotidiana, o sí efectivamente se garantizan sus derechos.

Es ahí donde surgen preguntas como: ¿Qué se está haciendo mal? ¿Será qué se necesitan más leyes? ¿Hay que toma acciones para volver eficaces las leyes existentes?

Todas estas preguntas circulan cuando se busca de manera desesperada una solución a una problemática que atañe a toda una sociedad y requiere de la intervención eficaz de los Estados, para buscar soluciones integrales atacando los problemas que son estructurales y que dificultan la eficacia positiva de la Ley en nuestra región y República Dominicana.

Uno de los grandes retos que se tiene en el proceso de Reformas a los Sistemas de Protección de la Niñez en El Salvador específicamente, es la pertinencia de las leyes a las sociedades, es decir que el legislador salvadoreño particularmente valore en el proceso de formación de ley que deberá contener la misma para que en su aplicación se obtenga el resultado esperado, eso se comprenderá como eficacia normativa.

No basta ver el resultado obtenido por las leyes que son implementadas en otras sociedades, por ello la importancia de su aportación a la presente investigación para efectos de comparar nuestros sistemas jurídicos.

Con este estudio se pretende dar a conocer el marco legal existente, las principales y más importantes reformas a los sistemas de protección de la niñez y adolescencia, y si este responde a las obligaciones contraídas por El Salvador, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en el seno de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y ratificada por nuestro país el día veintisiete de abril de mil novecientos noventa.

El Salvador: Reformas a los sistemas de protección de la Niñez y Análisis Legal, Socioeconómico y Política de Protección Social de la Niñez y Adolescencia.

Antecedentes históricos

En la doctrina de situación Irregular el derecho se denomina derecho de menores, siendo una disciplina de más o menos reciente creación, algunos autores como Carlos Tiffer Sotomayor[1], lo remontan a cien años de existencia. Para ello hay que partir de la denominada doctrina de la situación irregular [ex ante] sustentada en un criterio tutelar del derecho de menores, y como segunda etapa la doctrina de la protección integral [ex post] de la Convención Sobre los Derechos del Niño[2].

La situación ex ante de la Convención de los Derechos del Niño, estaba orientada a la concepción tutelar del derecho de menores, la creación del primer tribunal juvenil se remonta al año de 1899 en Chicago, Illinois, con el objeto de sustraer al menor de la justicia penal de adultos.

La separación del denominado “menor” del proceso penal de adultos tuvo por objeto la creación de una jurisdicción especializada, totalmente diferente y con una marcada tendencia tutelar y proteccionista. Los menores de edad estaban “fuera” del derecho penal, según opinión generalizada de doctrina tutelar, es decir, se consideraban inimputables o carentes de responsabilidad penal, así como dentro del proceso no eran considerados sujetos procesales.

El modelo tutelar se constituyó en la base de muchas legislaciones de menores de Latinoamérica, entre ellas: al Ley Agote de Argentina de 1919, y en nuestro entorno el Código de Menores de 1974 que establecía normas específicas contra menores infractores que reflejaban conductas irregulares, código que estuvo vigente hasta 1994 producto de las reformas realizadas para adecuar la legislación de justicia penal juvenil a las exigencias del art. 35[3] de La Constitución que establece la obligación de un régimen especial y de los instrumentos internacionales entre ellos: la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil entre otras.

Respecto a la concepción tutelar del derecho de menores, se puede decir que la “Doctrina de la Situación Irregular”, determinó a los menores dentro del proceso penal como sujetos pasivos de intervención jurídica, en otras palabras, eran objeto y no sujetos de derecho.

El juez era una figura “paternalista”[4], que debía buscar una solución para el menor que se encontraba en una situación irregular y ameritaba de pronta protección para ello, los objetivos del derecho tutelar de menores se cumplían con la aplicación de medidas tutelares con la finalidad de recuperar socialmente al menor, pues el mismo era considerado desde esta perspectiva como un inadaptado y antisocial que reflejaba peligro para la sociedad.

Debido a la necesidad de pasar de una etapa inquisitiva en materia penal juvenil a una de corte punitivo garantista, la Convención sobre los Derechos del Niño, marca el ex post de la mayor evolución de la justicia penal juvenil. Dicha evolución se encuentra marcada por las evidentes las violaciones a los derechos fundamentales de los menores en conflicto con la ley, producto de la concepción tutelar que hace necesario el cambio de paradigma a una nueva concepción del derecho de menores.

Este cambio de paradigma a la “Doctrina de la Protección Integral”[5], cuyo fundamento es un reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como seres humanos y sujetos de derechos hace que los derechos del niño cobren una categoría de derechos humanos. Dicho reconocimiento como sujeto de derechos ha quedado plasmado a nivel positivo tanto en las Constituciones de los países suscriptores de la Convención de los Derechos del Niño, que define con fuerza vinculante para los Estados, que los niños deben ser considerados como sujetos de derechos[6]. Y de esa manera el joven o adolescente está sujeto a una regulación especial en todos los ámbitos de su desarrollo social, psíquico o jurídico.

Periodo de 1821 a 1885  

Este período se caracteriza por una serie de reacomodos institucionales, sociales y legales, así como una serie de convulsiones sociales y políticas  que generaban inestabilidad jurídica, entre ellas: las nueve Constituciones nacionales promulgadas y la federal de la República de Centroamericana [1829], que generó el desarrollo legislativo en materia penal y una respuesta a la criminalidad juvenil de la época mediante diversas normativas sobre la vagancia para adultos y menores[7] El Art. 13 de cierta normativa respectiva establecía: “Los Alcaldes y Regidores de las municipalidades, y los Alcaldes y Auxiliares de barrio, están obligados a llamar a los padres, tutores, curadores y maestros de los vagos, haciéndose cargo por la vagancia de sus hijos, pupilos y discípulos, y a informarse si han tomados medidas para hacerles trabajar”.

Algunas características del modelo implementado en este período fueron[8]:

  1. La niñez se encontraba invisibilizada dentro de las políticas públicas y beneficios sociales.
  2. La intervención estatal se fundamentó a la orientación de la regulación de la niñez y adolescencia bajo modelos punitivos.

Período de 1945 a 1988

Este periodo marca la fase de cambios normativos para construir una respuesta diferenciada a la problemática de la niñez infractora y el desarrollo de sus derechos humanos.

Los rasgos característicos en este periodo se pueden resumir en los siguientes aspectos:

  • El establecimiento de una justicia penal juvenil especial, que cambio en sus primeras etapas las respuestas al delito con la atención tutelar de la niñez.
  • Se establecieron centros de internamiento para el resguardo de los jóvenes, llamados también Centros de Observación.
  • Se insistió en el internamiento como medida preferente frente a los niños y niñas infractoras.
  • Las medidas tenían un fuerte objetivo educativo y tutelar.

Período de 1989 a 2010

En este período debido a la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se evidencia un proceso de reforma activo en materia penal juvenil, siendo algunas de sus características las siguientes:

  • A partir de la consolidación de la paz, se comienza un trabajo legislativo orientado a la ratificación de los Convenios Internacionales vinculados a la protección y defensa de la niñez.
  • Desaparece la Dirección General de Protección de Menores y se crea el Instituto de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

En cuanto al marco histórico de la legislación promulgada en forma paralela a la Ley del Menor Infractor, se puede mencionar entre otras: la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar cuyo objetivo fue la protección de grupos vulnerables como mujeres y niños frente a manifestaciones de violencia física, psíquica y sexual en su entorno familiar, y la  Ley Transitoria contra la Delincuencia y Crimen Organizado, que fue declarada inconstitucional por contravenir principios constitucionales y por vía de interpretación refleja diversos Convenios Internacionales ratificados por El Salvador[9].

Es preciso hacer el presente análisis del tema en cuestión siguiendo una línea “jerárquica” de nuestro sistema jurídico para ir comprendiendo e interpretando progresivamente los diferentes contenidos, mandatos y prerrogativas en materia de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, para eso nos ajustaremos al sistema jurídico graficado en forma de pirámide[10], el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes, unas sobre otras y está dividida en tres niveles, el nivel fundamental en el que se encuentra la Constitución de la República de El Salvador, como la suprema norma de la cual se deriva el fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la misma, el siguiente nivel es el legal y se encuentran los Tratados Internacionales y leyes especiales y secundarias, seguido de las leyes ordinarias y decretos.

En ese sentido nuestro análisis comienza con el reconocimiento de derechos y garantías en pro de la niñez y la adolescencia en nuestra carta magna, norma suprema o simplemente Constitución de la  República de El Salvador, vigente desde un veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, con múltiples reformas donde destacan las del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, en el marco de los acuerdos de paz; estructuralmente dividida en parte dogmática y orgánica, concentrándonos en la primera, que es aquella compuesta por derechos, valores, principios y garantías fundamentales de la persona humana, por consiguiente haremos hincapié en aquellas disposiciones garante de los derechos, valores y principios fundamentales de la niñez y adolescencia y que sustentan al igual que la Convención de los Derechos del Niño para la promulgación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, así nuestra Constitución reconoce expresamente derechos como la vida, la familia, el medioambiente, al desarrollo entre otros derechos y principios y la obligación del Estado y sus componentes para garantizar los mismo[11].

Nuestra Constitución, uno de los deberes del Estado es garantizar la vida y la integridad física y moral de todas las personas incluida la niñez y la adolescencia; es decir el derecho a no ser maltratados de ninguna forma, torturados o mutilados, a no ser agredidos ni física ni moralmente, a no ser sometidos a tratos crueles o inhumanos; asimismo a garantizar el ejercicio, el goce, la conservación y la defensa de nuestros derechos. Art 2 inciso primero Cn. En el capítulo II de la Constitución se establecen los derechos sociales y a partir del Art 32 al Art 36 se regula lo referente a la familia.

El Salvador ha ratificado importantes convenios, protocolos o tratados internacionales, mismos que al ser ratificados se convierten en ley de la república, entre los más importantes en la materia y por excelencia es precisamente la Convención de los Derechos del Niño, del cual hablaremos supra, así también la ratificación de El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados; Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, entre otros convenios.

Nuestro país ratificó la Convención en abril del año 1990, La Convención sobre los Derechos del Niño aporta el reconocimiento y desarrollo de los conceptos propuestos por la doctrina de la Protección Integral de la Niñez, la cual reconoce a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho y también como titulares de deberes y responsabilidades.

La ratificación de la Convención obligó o sugirió crear normativa especial con el objeto de garantizar los derechos de la Niñez y Adolescencia; esta es una peña muestra de algunos países que modificaron, creado y legislaron en materia de Niñez y Adolescencia[12]:

 

PaísLey – CódigoAño de Aprobación
El SalvadorLey de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia2009
GuatemalaLey de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia2003
HondurasCódigo de la Niñez y la Adolescencia1996 (con refor-

ma en 2013)

Costa RicaCódigo de la Niñez y la Adolescencia1998
República DominicanaCódigo para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes2003 (reemplazó

un Código de

1994).

La Convención establece que el Estado, a través de sus políticas, debe fortalecer el  respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, así como promover su integración en la sociedad de forma tal que asuma una función constructiva; a raíz de ese compromiso se han ido estableciendo una serie de cambios normativos, programáticos y adecuaciones institucionales con la finalidad de cumplir los compromisos internacionales para la protección, garantía y el disfrute de todos los derechos por parte de las niñas, niños y adolescentes del país.

En este contexto, la niñez y la adolescencia salvadoreña debe ser una prioridad en la asignación de los recursos públicos, además de situarse como población prioritaria ante situaciones de amenazas o violaciones a sus derechos humanos, pues en el marco de la doctrina de protección integral, garantizar su desarrollo es una obligación para el Estado, la familia y la sociedad; sin duda el fruto o resultado más importante es la promulgación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Ciertamente, nuestro país se decanta a implementar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), que constituye el cuerpo normativo más importante que en aras de la efectividad de los derechos humanos de esta población, haya acordado el país en su historia. Aunque sean muchos los que afirmamos que la Ley es una condición importante, más no determinante en la afirmación y materialización de los derechos fundamentales de la persona humana; este paso legislativo y las subsiguientes políticas de implementación, acompañadas de la difusión y concientización para las transformaciones sociales, institucionales  y culturales acordes con la Convención sobre los Derechos del Niño; se erigen como  aspectos concomitantes para apuntar en la correcta dirección de prevalencia de la  niñez y adolescencia en el presente y futuro más cercano. Por ello, no dudamos en afirmar que la LEPINA es una ley tanto más importante para un país como El Salvador, cuanto más necesaria y urgida ha sido su historia.

La Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia (LEPINA) fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 26 de marzo del 2009, siendo sancionada por el presidente de la República el 15 de abril del mismo año. Sin embargo, entró en vigencia de forma parcial el 16 de abril de 2010 y en forma total el 1 de enero de 2011; podemos destacar alguno aspectos importantes de esta ley especial como la incorporación de principios como el del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente; Corresponsabilidad, entre otros, así también se reconoce la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, que no es otra cosa que el conjunto sistemático de  objetivos y directrices de naturaleza pública cuya finalidad es garantizar el  pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La PNPNA establecerá las directrices para la acción y coordinación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección, orientando la actuación estatal y privada que tenga vinculación con la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

La Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia se implementará a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de programas, planes, proyectos y estrategias.

El Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, también denominado en LEPINA “Sistema de Protección Integral” o simplemente el “Sistema”, es el conjunto coordinado de órganos, entidades o instituciones, públicas y privadas, cuyas políticas, planes y programas tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador.

El Sistema de Protección Integral debería de organizarse y regirse bajo los principios de legalidad, participación democrática, eficacia y eficiencia.

La actuación de los integrantes del Sistema se regirá además por los principios de coordinación, cooperación, transparencia, buena fe y gratuidad.

El Sistema de Protección está integrado por:

  1. El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia;
  2. Los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia;
  3. Las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia
  4. Las Asociaciones de Promoción y Asistencia;
  5. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia;
  6. El Órgano Judicial;
  7. La Procuraduría General de la República;
  8. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; e,
  9. Los miembros de la Red de Atención Compartida.

En este contexto y a siete años de entrada en vigencia de LEPINA fue necesario hacer un análisis del impacto de la Política de Protección Integral, de la LEPINA y si es acorde o no con la Convención de los Derechos del Niño de 1990, entre otras interrogantes a través de un instrumento en forma de cuestionario a algunos actores que componen el Sistema de Protección Integral.

En un Análisis Legal Socioeconómico y Política de Protección Social (sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia) a nivel nacional, dividio en tres zonas como la Oriental, Paracentral y Occidental, se entrevistaron a actores del Sistema de Protección Integral con el objetivo general, de  Analizar el impacto de las políticas de protección social en los NNA en actual sistema jurídico salvadoreño en relación a  LEPINA, y Convención sobre los Derechos del Niño, para conocer  el avance en derechos socio-económico de los NN/A.  Con la actual política de protección salvadoreña; Desarrollando así 20 entrevistas en los departamentos de la Zona Occidental, Zona Central y Zona Orienta.

Se obtuvo como resultado de las entrevistas un total de 20 entrevistas a los actores y zonas que a continuación se detallan:

Zona Occidental (Dpto. Santa Ana)

– Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia

– Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

– Procuraduría General de la República

Zona Central (Dpto. San Salvador, Santa Tecla y Chalatenango)

– Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia

– Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

– Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos

– Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia

-Procuraduría General de la República

Zona Oriental (Dpto. San Miguel)

– Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia

– Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

– Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

– Procuraduría General de la República

– Fiscalía General de la República

Al cuestionar y analizar en entrevistas, haciendo énfasis a preguntas como: “considera necesario reformar, modificar o derogar disposiciones normativas en materia de niñez y adolescencia”, a lo que actores claves como la Fiscalía General de La República, Procuraduría General de La República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Juntas y Comités de Protección, Juzgados y Cámaras Especializadas de Niñez y Adolescencia, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y el Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, obteniendo  como resultado de dicha interrogante que todos los actores consideran necesario y oportuno derogar, modificar y reformar disposiciones en materia de Niñez y Adolescencia en vista que para algunos actores no es acorde a la convención, que son constante los conflictos de competencia por no estar de forma clara y precisa en la ley, entre otras inquietudes que generan normas difusas en la ley; además los actores claves cuestionan la falta de eficacia en virtud del bajo presupuesto asignado a las instituciones claves del Estado encargadas de garantizar los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; para muestra la siguiente encuesta en donde visualizamos los presupuestos asignados por el Estado a través de la Asamblea Legislativa, en los periodos comprendidos del año 2014 a 2018[13]:

 

Queda en evidencia y lo exteriorizan los actores claves en este proceso de dignificar los derechos de la Niñez y Adolescencia, manifiestan la falta de eficacia de la LEPINA y la Declaración de los Derechos del Niño a la falta de presupuesto para el correcto funcionamiento de los diferentes programas, políticas objeto de obligación establecidos por los cuerpos normativos citados.

La aprobación de normativas y reformas en el periodo de junio 2017 a mayo de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Salud Mental, así como seis reformas a normativas anteriores que están relacionadas con la garantía de los derechos de La Niñez y Adolescencia; entre las cuales se encuentran las siguientes:

 

AñoReferenciaContenido
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

Decreto Legislativo No. 754, de fecha 17 de agosto de 2017, publicado en D.O. No. 164, Tomo 416 de fecha 5 de septiembre de 2017.

Derogado el inciso segundo del Art. 14 del Código de Familia y otros artículos con el objeto de eliminar las excepciones que permitían el matrimonio de niñas, niños y adolescentes.
 

 

 

 

 

Decreto Legislativo No. 767 de fecha 07 de septiembre de 2017, publicado en el Diario oficial No. 183, Tomo 417 de fecha 03 de octubre de 2017.

Reforma al Artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, sustituyendo el inciso tercero e incorporándose un nuevo inciso que establece la conformación de

los Centros Intermedios par el cumplimiento de la medida de internamiento de jóvenes de 18 años de

edad y

 

Reforma al Art. 120 incluyendo las condiciones mínimas de funcionamiento de los Centros Intermedios y la obligatoriedad del desarrollo de programas de inserción en distintas especialidades en ellos.

 

Decreto Legislativo No. 781 de fecha 18 de septiembre de 2017, publicado en D.O. No. 190, Tomo 417 de fecha 12 de octubre de 2017

Incorporación del Art. 85-A a la LEPINA 1 , por medio del cual se define el “acoso escolar” y la obligación de los Centros Educativos de visibilizar este fenómeno por medio de reglamentación interna, así como denunciar la ocurrencia de estos hechos.
 

 

 

Decreto Legislativo No. 847 de fecha 29 de noviembre de 2017, Publicado en el Diario Oficial N.º 229, Tomo N° 417, Fecha: 7 de diciembre de 2017

Reforma al Art. 33 de la Ley General de Educación, permitiendo darle seguimiento a las personas alfabetizadas para que continúen su proceso de formación académica por medio de las modalidades flexibles de educación; asimismo facultando la creación de la Comisión Nacional de Alfabetización y la emisión de un Reglamento Especial para el cumplimiento de le regulado en este artículo.
Decreto Legislativo No. 67 de fecha 15 de diciembre de 2017, publicado en Diario Oficial No. 240, Tomo 41 de fecha 22 de diciembre de 2017.Reforma del Art. 172 del Código Penal para corregir descripción de tipo penal de Pornografía en coherencia con la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad
 

 

2018

 

Decreto Legislativo No. 944 de fecha 6 de abril de 2018, pendiente publicación en Diario Oficial.

Disposición transitoria para que por el periodo de 6 meses la Procuraduría General de la República tenga a su cargo todas las funciones otorgadas a la Oficina de Adopciones en la Ley Especial de Adopciones.
 

 

 

 

 

 

2019

Los tocamientos impúdicos contra niñas y niños serán considerados delitos y sancionados con 8 a 12 años de cárcel. La Asamblea Legislativa acordó, con 71 votos, reformar el código penal para que los tocamientos a niñas y niños sean considerados delitos y no faltas.

 

“La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años”, establece la reforma al artículo 161 del Código Penal.

 

La misma pena recibirá «el que realizare tocamientos impúdicos en menor e incapaz aprovechándose del descuido o mediante engaño en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados incurrirá en la pena descrita en el inciso anterior», agrega el artículo.

 

En el caso de funcionarios públicos a quienes se les compruebe su participación en este delito serán inhabilitados de sus cargos.

 

El artículo 160 establece una sanción de tres a seis años para quien cometa agresión sexual que no sea constitutiva de violación.

Entre otras reformas podemos mencionar;  a) Reforma al artículo 172 de la LEPINA a fin de establecer un plazo específico para que las entidades con el fin de trabajar en la defensa y bienestar de la niñez y adolescencia salvadoreña, soliciten autorización de funcionamiento ante el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA); b) Aprobación de la reforma al artículo 38 de la LEPINA, a fin de prohibir expresamente el castigo físico; c) la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas; c) la ley Especial de Migración y Extranjería; y no menos importante, d) la Ley General de Aguas.

Bibliografía

  1. Constitución de la República de El Salvador
  2. “La Sanción Penal y sus Alternativas en Costa Rica”, UNICEF-ILANUD
  3. Convención Sobre los Derechos del Niño
  4. Justicia Penal Juvenil Salvadoreña, de FERNANDEZ MARTINEZ, ANA CRISTINA, RIVAS GALINDO, DORIS LUZ, Y OTROS.
  5. Pirámide de Hans https://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/
  6. (CONNA, 2017/2018) ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR, JUNIO 2017- MAYO 2018
  7. (UNICEF, LA ADECUACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN AMÉRICA LATINA (UNICEF, LA ADECUACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN AMÉRICA LATINA AVANCES Y DEUDAS CON LA NIÑEZ, 2019),

Notas

[1] (FERNANDEZ MARTINEZ, 2001)

[2] (Unidas, 1924) Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1924, Ginebra Suiza.

[3](Asamblea Legislativa, 1983) Decreto Legislativo número 38 Constitución de la República de El Salvador, Art. 35 “La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial”.

[4](FERNANDEZ MARTINEZ, Justicia Penal Juvenil Salvadoreña, 2001) FERNANDEZ MARTINEZ, ANA CRISTINA, RIVAS GALINDO, DORIS LUZ, Y OTROS. “Justicia Penal Juvenil Salvadoreña”, Imprenta Criterio, San Salvador, año 2001, Págs. 29-31.

[5] (BELOFF, 2000) BELOFF, MARY. “Algunas Confusiones en Torno a las Consecuencias Jurídicas de la Conducta Transgresora de la Ley Penal en los Nuevos Sistemas de Justicia Juvenil Latinoamericanos”, año 2000, en revista electrónica online de justicia juvenil. Págs. 15-20 18:30 15/08/2010.

[6] BELLOF, MARY.  Óp. Cit. Pág. 25.

[7](FERNANDEZ MARTINEZ A. C., 2001) FERNANDEZ MARTINEZ, ANA CRISTINA, RIVAS GALINDO, DORIS LUZ, Y OTROS. “Justicia Penal Juvenil Salvadoreña”, Imprenta Criterio, San Salvador, año 2001, Págs. 38.

[8](FERNANDEZ MARTINEZ A. C., 2001) FERNANDEZ MARTINEZ, ANA CRISTINA, RIVAS GALINDO, DORIS LUZ, Y OTROS. “Justicia Penal Juvenil Salvadoreña”, Imprenta Criterio, San Salvador, año 2001, Págs. 39.

[9]Sobre la naturaleza y jerarquía de los tratados internacionales, ha dicho la CSJ que cierta disposición de esa ley coloca a los tratados internacionales vigentes en el país en el mismo rango jerárquico que las leyes de la República, entendiendo éstas como leyes secundarias. En consecuencia, no existe jerarquía entre los tratados y las leyes secundarias de origen interno. Ahora bien, de la lectura del segundo inciso se desprenden dos ideas; la primera consiste en darle fuerza pasiva a los tratados internacionales frente a las leyes secundarias de derecho interno, es decir que el tratado internacional no puede ser modificado o derogado por las leyes internas, lo cual implica que estas últimas están dotadas de fuerza jurídica o normativa inferior. Ello significa que, si bien el tratado internacional y las leyes internas forman parte de la categoría ‘leyes secundarias de la República’, dicha categoría contiene una subescala jerárquica dentro de la cual el tratado internacional goza de un rango superior al de las leyes de derecho interno. Por otra parte, la segunda idea que se deduce del inciso en referencia, y que es consecuencia de la primera, consiste en señalar la prevalencia del tratado internacional sobre la ley interna, lo cual lleva al denominado principio o criterio de prevalencia. Es decir que en el inc. 2º del art. 144 Cn., se ha señalado dos criterios para resolver las antinomias que se susciten entre el tratado internacional y la ley secundaria de derecho interno; en primer lugar, se hace referencia al criterio de jerarquía –criterio que opera en el momento de creación del Derecho–, pero también se quiso proporcionar al aplicador del derecho un criterio adicional, recurriendo al criterio de prevalencia –el cual opera en el momento de la aplicación del derecho–.(Sentencia de inconstitucionalidad de 26-IX-2000, Inc. 24-97, Considerando V 6).

[10](KELSEN, 2019) Pirámide de Hans Kelsen… https://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/

[11] (Legislativa, 1983) Art. 34 y 35 de La Constitución de la República El Salvador.

[12] (UNICEF, la adecuación normativa a la convención sobre los derechos del niño en américa latina (unicef, la adecuación normativa a la convención sobre los derechos del niño en américa latina avances y deudas con la niñez, 2019), pag. 3

[13](CONNA, 2017/2018) ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR, JUNIO 2017- MAYO 2018

Cuenta de Editor

Referencias Bibliográficas

  1. Constitución de la República de El Salvador
  2. “La Sanción Penal y sus Alternativas en Costa Rica”, UNICEF-ILANUD
  3. Convención Sobre los Derechos del Niño
  4. Justicia Penal Juvenil Salvadoreña, de FERNANDEZ MARTINEZ, ANA CRISTINA, RIVAS GALINDO, DORIS LUZ, Y OTROS.
  5. Pirámide de Hans https://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/
  6. (CONNA, 2017/2018) ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR, JUNIO 2017- MAYO 2018
  7. (UNICEF, LA ADECUACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN AMÉRICA LATINA (UNICEF, LA ADECUACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN AMÉRICA LATINA AVANCES Y DEUDAS CON LA NIÑEZ, 2019),

Cita recomendada en formato APA

Figueroa Ruiz, J. R. (2020). Análisis legal socioeconómico y política de protección social sobre derechos de la niñez y adolescencia. Revista Nuestro Tiempo,  Vol. 19 (julio-diciembre), pp. 59-70